La Asociación de Compañías de Seguros rechazó la propuesta y dijo que resultaría en primas más altas para los consumidores

La pieza legislativa se discutió en una vista pública ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes en la que legisladores de distintos partidos le dieron el aval a la pieza de ley. (nydia.bauza@gfrmedia.com)

Por Nydia Bauzá

 

El Colegio de Cirujanos Dentistas y la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología abogaron hoy por un proyecto de ley que promueve la negociación colectiva de las tarifas y contratos de proveedores de servicios de salud, agrupados por especialidad y subespecialidad, directamente con las aseguradoras.

Mientras, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), en representación de varias aseguradoras, dijo que la medida, (Proyecto de la Cámara (PC 1641), trastoca las operaciones de la industria de seguros y que resultaría en un aumento en primas a los consumidores.

La pieza legislativa se discutió en una vista pública ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes en la que legisladores de distintos partidos le dieron el aval a la pieza de ley, que busca enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico, la Ley 203 de 2008 y derogar la Regla 91, de la Oficina del Comisionado de Seguros.

“Es importante que en este nuevo esfuerzo legislativo no se dé espacio a que ni en la ley ni en el reglamento se dé margen alguno para burlar y desvirtuar la intención legislativa de promover la negociación colectiva de tarifas de proveedores de servicios de salud”, indicó el presidente electo del Colegio de Cirujanos Dentistas, Raúl Ortiz Escalera.

Dijo que la medida busca derogar la Regla 91 para dar paso a la negociación colectiva, que la aseguradora esté obligada a negociar, se establece una sola región y se propone aumentar de un 20 a un 40% el número de proveedores para negociar en todo Puerto Rico.

“Esta es una de varias medidas que la Asamblea Legislativa debe impulsar para fomentar la retención y atracción de profesionales de la salud en nuestra jurisdicción”, sostuvo Ortiz Escalera, quien tiene una oficina dental en Coamo y contó que el año pasado tuvo que amenazar con retirarse de la práctica para que su hijo recién graduado de la Escuela de Odolontogía, fuera aceptado por los planes médicos y evitar que tuviera que irse a ejercer a los Estados Unidos.

El presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, Antonio Otero, argumentó que bajo el modelo actual de contratación y negociación de tarifas de proveedores todas las cláusulas son impuestas de forma unilateral por la compañía aseguradora, incluyendo el tiempo en que se puede generar la factura, la reclamación y facturación.

Dijo que, en su especialidad, las aseguradoras “por razones puramente económicas les deniegan la entrada a su red de proveedores”, como “al único ortopeda oncólogo en la Isla, al cirujano de codo más experimentado y a un ortopeda de una región desprovista en el sur de Puerto Rico”.

La directora ejecutiva de ACODESE, Iraelia Pernas dijo que de aprobarse la medida “quien quedará beneficiado será el proveedor de salud, logrará aumentar el valor de sus servicios y ante la falta de regulación, los costos elevados redundarían en un aumento en las primas, incluyendo las que paga el propio gobierno y los municipios”.

“Nos parece equivocado establecer que la emigración de profesionales y proveedores de servicios de salud se deba a la alegada incapacidad de negociación de tarifas con los aseguradores y organizaciones de seguros de salud”, sostuvo Pernas.

“El hecho de decir que ustedes no son el problema, ya eso no hay nadie en este país que lo crea. Yo creo que decir eso les hace lucir más mal de lo que están luciendo, los hace lucir enajenados de la realidad como si a ustedes no les interesara lo que está pasando y si ustedes son el problema y realmente quieren solucionar el problema es momento de repensar y decir qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a solucionar el problema porque ustedes son parte clave de los servicios que se dan a la ciudadanía”, puntualizó la representante Sol Higgins Cuadrado, presidenta de la Comisión de Salud.

“A lo mejor los que estamos aquí (en la vista pública) podemos tener un buen plan médico y recibimos los servicios, pero qué pasa con las personas que tienen cubiertas mínimas porque no las pueden pagar y tampoco cualifican para la reforma”, agregó la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD).

“Llevo 22 como representante y seguimos escuchando básicamente lo mismo. No es un problema de costos sino un problema de ganancias, pero más que nada es un problema de compromiso comunitario”, expresó el representante novoprogresista y ex presidente de la Cámara, José Aponte Hernández.

Cuestionó las cubiertas sobre el pago de limpiezas de patio, el grooming de las mascotas, servicios de peinado y de manicura. “Es menos costoso ofrecer eso que invertir en la salud, hello, no lo puedo entender, es contradictorio a la salud humana. Todo el mundo tiene derecho a hacer negocios, todo el mundo tiene derecho a tener una ganancia, pero no podemos mantener ganancias exorbitantes a costa de los que menos pueden”, sostuvo Aponte Hernández

“Por qué las compañías aseguradoras no bajan sus costos y todos los días representan que tienen mayores costos para poder justificar los aumentos en las tarifas”, agregó.

“Aunque este proyecto no resuelve el problema fundamental de la quiebra, el desastre y el colapso del sistema de salud de Puerto Rico es un proyecto que hay que apoyar porque lo que promueve es que realmente haya una negociación de los proveedores de salud con las aseguradoras”, aseveró el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.

Sostuvo que la Regla 91 “es inoperante porque tal y como está diseñada no les permite a los proveedores hacer negociaciones y claro que ACODESE se opone porque quieren que se mantenga esa regla que desde su existencia nunca se ha puesto en vigor”.

“Siempre han venido con el Cuco, a meter miedo. No es un problema de costos, lo que quieren es preservar sus ganancias y en la medida en que el modelo de salud sea el que hay que preservar las ganancias de una empresa, vis a vis, la vida de un ser humano, pues entonces, el modelo fracasó”, indicó Márquez Lebrón.